Proponen incorporar como delito de extorsión el daño a la identidad profesional o imagen profesional
Cd. Victoria, Tam.- El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, propuso establecer en el Código Penal para el Estado en el Capítulo de Extorsión, el daño a la identidad profesional o imagen profesional como un perjuicio susceptible de afectación, aumentando la sanción mínima establecida para este delito de siete a diez años de prisión.
Al presentar esta acción legislativa, el Diputado Gerardo Peña Flores mencionó que lamentablemente muchos profesionales de la medicina y prestadores de servicios de esta noble e importante área, son víctimas de personas sin escrúpulos que hacen de estas afectaciones una práctica recurrente.
“Aun siendo una noble profesión, existen infinidad de casos en los que quienes ejercen o prestan un servicio relacionado con la salud son víctimas de afectaciones negativas dada la naturaleza de su labor, una de ellas es la extorsión”, señaló.
El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, manifestó que es común que personas acudan a solicitar los servicios de salud de los integrantes de la comunidad médica y en algunos casos presenten denuncias por presuntas malas prácticas en este rubro, en aras de obtener un beneficio o lucro.
“Es decir, lamentablemente esta práctica se ha adoptado como el modus vivendi de tales personas. Estas perjudiciales prácticas se han vuelto un problema constante que actualmente se presenta en un gran número de hospitales o clínicas tanto públicas como privadas en nuestro Estado y desafortunadamente, cada día va en aumento”, puntualizó al promover esta reforma.
Destacó que los guardianes de la salud se ven en la penosa necesidad de enfrentar la desacreditación ante algunos sectores de la sociedad; lo cual, sin lugar a dudas, afecta directamente a su desarrollo profesional, causándoles afectaciones aún mayores en otros aspectos de su vida.
Peña Flores comentó que es sumamente importante que el personal de la salud, realice su trabajo con la completa seguridad de que existen leyes y mecanismos de protección que los amparan ante situaciones que comprometen su estabilidad profesional, económica y personal de manera injusta.
